Edición impresa en El Periódico de Aragón, el domingo 17 de Enero.
Para ver su versión en internet, pinchar este enlace.
No, el título no es un error tipográfico, ni pretendo descubrir un nuevo sistema numérico que mezcle los números indo-arábigos y los romanos, en un original intento de fusionar culturas. No. Es el grafismo de una aguda crisis sostenida en el tiempo. Porque el último año de la década, lejos de ser un año 10, como nos deseaban los mensajes cortos que felicitaban el año, es un año plagado de incertidumbres y abocado a recoger en sus anales el desarrollo de una crisis de extraordinaria intensidad, que va para dos años y medio de duración y que tiene todavía, lamentablemente, un largo recorrido.
Por eso, el 1 del año no simboliza el primer año de salida de la crisis, sino una L que representa la caída y la necesidad de reptar, arrastrarse y serpentear por el suelo de la economía durante mucho, mucho tiempo. Eso significa, no ya que vayamos a peor, sino que no hay indicios razonables de mejora. Significa que no se creará empleo. Significa que las administraciones públicas (Estado, comunidades autónomas y municipios) no podrán seguir recurriendo a más gasto público, a cargo de contraer más deuda o de asumir más déficit. Significa que no se podrá garantizar todo el gasto público que se viene haciendo y que, salvo cambios, habrá un deterioro en la calidad de los servicios públicos que se prestan, como ya se advierte en la sanidad y en la educación.
LA TEATRALIDAD del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en el ejercicio de la presidencia europea por turno, aún ha expuesto más las vergüenzas nacionales, por su afán de querer instruir y marcar pautas al resto de los socios europeos. Mal se pueden dar lecciones cuando uno presenta los deberes mal hechos. Un 19´3% de parados (4,5 millones de personas, dos más en los dos últimos años), un millón de ellos sin prestaciones de ningún tipo, más de un millón de familias con todos sus miembros en paro, un déficit público en torno al 10% (gastamos por encima de lo que ingresamos), una deuda pública que se ha incrementado en casi 100.000 millones de euros- Son malas credenciales para presidir un consejo de administración.
De las decisiones del Gobierno de Rodríguez Zapatero, avaladas por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, y por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, sobre la nueva financiación autonómica y el plan de inversión en los ayuntamientos, a cada español le queda una carga a pagar en el futuro de más de 2.000 euros por cabeza. Un precio demasiado alto para afianzar los apoyos políticos parlamentarios a un Gobierno ineficaz.
Más nos valdría que, en vez de arriesgar opiniones y criterios poco fundamentados, se decidiese a defender los intereses de los sectores españoles que están absolutamente desprotegidos en la UE. Hace unos seis años que nuestra presencia internacional tiene solo una vertiente de conciliación mundial (planetaria diría la eximia secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín), adecuada para pensadores e ideólogos, pero impropia para gobernantes que tienen su principal obligación en atender las necesidades de sus gobernados, en velar por sus intereses y su calidad de vida, en actuar para mejorar las condiciones de desarrollo de sus ciudadanos.
¿Estamos convencidos de que nuestros actuales representantes políticos defienden nuestros intereses? Al contrario. Agricultores e industriales, al margen ya de la crisis económica, son sufrientes paganos de la nefasta defensa de los intereses nacionales que los gobiernos de Rodríguez Zapatero han hecho en la UE y demás foros internacionales.
Y, DENTRO de casa, nos quedan las subidas de impuestos para este 20L0. Como el consumo privado cae, se sube el IVA, para que las familias gasten un 2 % más por lo mismo. Como la liquidez bancaria va justa, el Estado se cobrará un 3% más por los pocos réditos del ahorro familiar. Total, como afirma el ministro Celestino Corbacho (incauto él), España funciona con la economía sumergida, aunque reciba el varapalo de la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, que lo desmiente, lo desautoriza, pero todos siguen como si nada. No importa, sea cierto o mentira, este Gobierno ni asume errores ni los enmienda. Así van. Así va España.
Necesitamos reformas de calado en la política de gasto público, en la política fiscal y en la regulación laboral, además de las pendientes en Justicia y Educación. Pero de todas ellas no se puede hacer una batalla política como pretende Rodríguez Zapatero, que quiere hacernos creer que hay una discrepancia ideológica con el PP. ¿Es ideológico contemplar la destrucción permanente de empleo? ¿Es ideológico mantener la presión fiscal y social sobre las pequeñas y medianas empresas?
Rodríguez Zapatero articula un discurso de tolerancia mientras ejerce un Gobierno que incrementa las fracturas sociales en España, con un tinte ideológico, con un sesgo partidario, incapaz de aglutinar, empeñado en crear nuevas pautas de conducta y nuevos modelos sociales. Máximo riesgo. Un auténtico desquicio.
Senador por el PP y exalcalde de Zaragoza. www.atares.es
